España debe eliminar barreras legales a la creación de empresas

Aunque se han reducido los obstáculos regulatorios, el Banco de España insiste en un informe en la necesidad de superar escollos como el sistema de licencias o la norma de servicios profesionales.

La iniciativa empresarial sigue encontrando algunas barreras legales en España, donde el grado de complejidad regulatoria se ha mantenido en los últimos 15 años por encima de las principales economías europeas (Francia, Italia, Alemania y Gran Bretaña) y el promedio de la OCDE.
Así lo recoge un reciente informe del Banco de España en el que se atribuye esta situación a «un sistema de licencias y autorizaciones más costoso, en el que no se habrían producido mejoras desde 2003».
Bajo el título La regulación en el mercado de productos en España según los datos de la OCDE, el informe sostiene que, aunque la Ley Paraguas de 2009 introdujo las ventanillas únicas para facilitar que las empresas cumplieran con la legislación por medios electrónicos en su contacto con la Administración, el uso de éstas no se ha generalizado.
En este sentido, el Banco de España pone de relieve que, a diferencia de lo que sucede en otros países, «estas instituciones son meramente informativas y no permiten la aprobación de todos los documentos requeridos para abrir una empresa, ni estos pasos son siempre accesibles vía Internet».
No obstante, el organismo sí reconoce un avance en la simplificación de los procedimientos administrativos y en la accesibilidad de la información sobre la regulación aplicable, que incluye aspectos como la existencia de un recuento oficial del número de permisos, autorizaciones y licencias requeridos y la puesta en marcha de planes para la reducción de las cargas administrativas.
Además, el informe contempla mejoras en España en los trámites para la creación de sociedades limitadas, situándose en niveles similares a los de otros países europeos, aunque sigue detectando mayores dificultades para las empresas pequeñas, para establecerse como autónomo y para iniciar una actividad relacionada con el sector servicios.
En cuanto a las barreras legales para la entrada de inversión directa extranjera, los datos muestran una buena situación en España, en comparación con otros países.
Comercio minoristaEl informe del Banco de España, elaborado por Juan S. Mora-Sanguinetti y María Martínez Matute, ambos pertenecientes a la Dirección General del Servicio de Estudios de la entidad, recoge el impacto de la regulación en diversos sectores de la economía y pone de manifiesto que, en conjunto, nuestro país «sigue mostrando todavía un marco regulatorio más restrictivo que el de los principales países europeos».
Así ocurre, por ejemplo, con el comercio minorista, un ámbito que cuenta en España con un nivel normativo especialmente alto, pese a las mejoras de los últimos años. Según el informe, los malos datos se deben, sobre todo, a una elevada regulación del horario de apertura de los establecimientos en relación con otros países europeos.
Entre las mejoras, destaca la liberalización de los períodos de rebajas, así como los permisos necesarios para abrir un comercio y la regulación particular de los grandes almacenes. No obstante, los autores del estudio puntualizan que los indicadores de la OCDE en los que se basa el informe sólo recogen la normativa nacional, algo que debe ser tenido en cuenta en este ámbito del comercio minorista, donde las comunidades autónomas tienen unas competencias regulatorias muy amplias.Control estatalEntre los aspectos positivos, el estudio revela que España muestra un menor grado de control estatal general sobre las actividades económicas en comparación tanto con los países de la OCDE como con las cuatro principales economías de la UE.
Según explica, esto es debido principalmente a un menor control directo del Estado sobre las empresas privadas en distintos sectores de la economía.
El único aspecto en el que España muestra un peor comportamiento respecto a los demás países europeos es en el número de sectores en los que las Administraciones Públicas controlan al menos una empresa.
En los sectores de red (energía, transporte y telecomunicaciones), España ha disminuido significativamente el nivel de regulación en los últimos 15 años y, sobre todo entre 1998 y 2003, excepto en el transporte, especialmente el ferrocarril.
En este último sector la regulación permanecía en 2013 aún en niveles superiores a la de los países europeos y a la del promedio de la OCDE.
Barreras en los servicios profesionalesAunque la regulación de los servicios profesionales en España es más restrictiva que en el resto de países de la OCDE y en las cuatro principales economías de la UE, el informe reconoce avances gracias a la Ley Ómnibus.
En este ámbito, los indicadores evalúan las regulaciones sobre las profesiones relacionadas con auditoría y contabilidad, las actividades jurídicas, la arquitectura y la ingeniería.
Destaca que se han reducido algunas restricciones a la publicidad de este tipo de servicios y el ejercicio conjunto de dos o más profesiones, y se ha eliminado la potestad de los colegios de establecer baremos orientativos de honorarios.
Respecto a los visados, el Gobierno aprobó un Real Decreto en 2010 que redujo a nueve los de carácter obligatorio. En todo caso, el Banco de España aclara que las diferencias con otros países tienen más que ver con el acceso a la profesión que con las barreras al ejercicio, lo que «se debe, principalmente, a mayores requerimientos de formación en nuestro país para ejercer las distintas actividades».
En la actualidad, sigue pendiente de aprobación la anunciada ley de servicios y colegios profesionales.
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