Cuando piensan en hacer negocios fuera de España, las compañías tienen que incluir en su presupuesto el coste de los desencuentros y conflictos legales que pueden producirse con socios, clientes o proveedores.
Anualmente, una gran empresa se gasta, de media, 6,6 millones de dólares (5,2 millones de euros) para gestionar este tipo de problemas, sin tener en cuenta el coste que puede suponer la disolución de un contrato o la pérdida de una inversión.
La globalización, además de oportunidades, ha traído consigo un aumento de la litigiosidad transfronteriza, en la que se mezclan varias jurisdicciones. En esta Torre de Babel legal, las asesorías jurídicas de las compañías optan por diferentes estrategias para hacer frente a un problema que tiene un impacto directo en la cuenta de resultados, ya que la seguridad jurídica es determinante para que un negocio concluya con éxito.
Según la encuesta Tendencias en disputas transfronterizas complejas, elaborado por el despacho Hogan Lovells, prácticamente la mitad de las compañías consideran que estos conflictos van a aumentar en los próximos años. Actualmente, los problemas multijurisdiccionales ya suponen un 30% de las batallas legales en las que se ven inmersas las grandes compañías.

JurisdicciónCuando se trabaja en el extranjero, uno de los puntos más importantes es elegir, siempre que se pueda, la legislación del país por la que se regirá el contrato.
“Salvo países en los que la legislación o tribunales no ofrecen las garantías mínimas de seguridad jurídica, en el caso de que se vayan a aceptar garantías, es mejor trabajar con la jurisdicción local, ya que de lo contrario resulta muy difícil ejecutarlas” si se materializan los problemas, considera Beatriz Martínez-Falero, directora de la asesoría jurídica y secretaria del consejo de Mahou.
Hay sectores, como el naval, donde las opciones son más limitadas, ya que es un mercado sujeto históricamente a la ley inglesa. También depende, por ejemplo, de la nacionalidad del inversor. Según el informe de Hogan Lovells, mientras que los estadounidenses, a pesar de preferir su sistema judicial, están abiertos a aceptar la legislación británica, en Reino Unido son mucho más reacios a firmar un contrato bajo las pautas de EEUU. Aun así, estos dos sistemas son los más utilizados en todo el mundo a la hora de resolver cualquier tipo de disputa empresarial.
Uno de los motivos es que, precisamente, estos dos países son los que están involucrados en más conflictos transfronterizos, seguidos, aunque de lejos, por Alemania y China.
En cuanto a la naturaleza de los problemas, las disputas comerciales o contractuales son las más habituales, ya que concentran el 44% de los casos. Le siguen en el ránking los problemas de propiedad intelectual o los de competencia.
A la hora de plantear soluciones, todo depende del tipo de compañía. Mientras que unos prefieren romper el contrato y buscar otro socio o proveedor, “en el sector de la construcción es más rentable mantener al cliente que resolver el contrato”, apunta Alfonso Aguirre, director de la asesoría jurídica de ACS Industrial. En este tipo de casos, se opta, por ejemplo, por llegar a un acuerdo comercial.
En general, el consenso de las empresas apuesta por la prevención incluyendo cláusulas en los contratos, como las de arbitraje, o eligiendo jurisdicciones seguras. Aun así, el objetivo en cualquiera de esta disputas siempre es llegar a una solución sin tener que pasar por los tribunales, que se ven como un último recurso, tanto por el coste en tiempo como en reputación.
El arbitraje no convence a las grandes firmasAunque los gobiernos de todo el mundo se esfuerzan por extender el uso del arbitraje en las disputas comerciales de las empresas, éste no termina de calar, sobre todo cuando se habla de conflictos en varias jurisdicciones.
Aunque los argumentos a favor del arbitraje son su rapidez y su menor coste, los directores de las asesorías jurídicas de grandes empresas españolas aseguran que no siempre es así. Por ejemplo, Alfonso Aguirre, director de la asesoría jurídica de ACS Industrial considera que “un laudo de Londres es difícil de aplicar en algunos países”, donde no se reconocen este tipo de decisiones.
Para Jaime de Miguel, director de servicios jurídicos de Cesce, “el problema del arbitraje es conseguir que en determinados países ejecuten el laudo, sin volver a entrar en el fondo del asunto”.
Raimundo Fernández-Villaverde, director de la asesoría jurídica corporativa en Acciona, considera que el coste y la falta de rapidez son algunos de los inconvenientes del arbitraje, además de señalar que “la elección de los árbitros supone un cuello de botella por las recurrentes incompatibilidades de los árbitros”, que al final retrasan los procesos.
Aun así, al menos siete de cada diez empresas, incluyen en sus contratos cláusulas arbitrales en caso de que surja algún conflicto, pero sólo el 25% de éstos se resuelven utilizando esta vía, según el informe de Hogan Lovells.
Fuente: www.expansion.com